Hacia otro modelo de medios de comunicación

No se puede  negar que el subtítulo de este blog haya tenido poco que ver con su contenido: salvo alguna excepción, la mayoría de los posts  han versado sobre política y sobre medios de comunicación. O, para ser más exactos, sobre política y medios de comunicación. Si bien estoy abierto a hablar de todo lo que me parezca, mis preocupaciones y mis lecturas me han llevado, de manera indefectible, a hablar sólo de lo que conozco un poco. Mi conocimiento de los asuntos que he tratado dista de ser exhaustivo, pero, al menos, creo que he contribuido, sin ser tampoco demasiado original o clarividente, a poner palabras a algunas de las intuiciones de mis lectores. Todo sea, en definitiva, por contribuir al debate en la esfera pública y a poner en práctica cierto ideal de civilidad y de ciudadanía, por el que me siento impelido a poner de manifiesto mis ideas en asuntos que considero son de interés de todos. El famoso ideal del bien público, puesto en cuestión de modo continuado por liberales y procedimentalistas políticos, que comparten una visión del mundo que privilegia el atomismo social y la persecución individual de los objetivos,  se resiste a desaparecer.

¡Las razones públicas son lo mío!

Sin duda, uno de los elementos constitutivos de la mentada esfera pública lo forman los medios de comunicación. Desde un punto de vista normativo, contribuirían a filtrar tanto por calidad como por pertinencia los asuntos de trascendencia política. Así, los medios realizarían esa traducción de los contenidos informales de aquellas discusiones y problematizaciones planteadas por los ciudadanos de tal modo que fueran recabados por aquellas instancias de discusión política formales, como los parlamentos. Del mismo modo, los medios no sólo ejercerían esa labor traductora, sino que ellos mismos, y desde la atalaya privilegiada que les proporciona su prestigio, visibilidad  o ubicuidad ejercerían aquellas críticas y reflexiones inherentes a cualquier sociedad plural y democrática. Asimismo, prestarían ese mismo espacio a aquellas personas o colectivos que, por fuerza de tradiciones o prejuicios hasta entonces incuestionados, se encontrasen marginados o invisibilizados y requiriesen de una plataforma desde la cual propugnar cambios sociales y políticos que los situaran en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía. Dentro de un marco sólido de protección a los derechos individuales, propio de cualquier sistema liberal, podrían de este modo fomentar el desarrollo de valores democráticos, entre ellos el de la participación ciudadana en el gobierno de los asuntos públicos.  Esta última afirmación es discutible, no obstante. Muchos podrían contentarse con la primera parte (marco de derechos y libertades individuales) sin entusiasmarse por la segunda (participación en los asuntos públicos). 

Es por ello por lo que centro la atención en los medios de comunicación. Si consideramos que los debate, las discusiones, las problematizaciones y las polémicas que se generan de manera informal en la sociedad resultan fundamentales para que las instancias más formales de legislación y ejecución se centren en los problemas de sus representados, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, a modo de nodos distributivos de información sin los cuales la comunicación entre los ciudadanos y sus representantes políticos sería harto más problemática. Hasta aquí, sin embargo, el deber-ser. El es se presenta en conflicto con el ideal normativo de un modo que debería eliminar la condescendencia o resignación que se suelen mostrar cuando se compara la realidad con el ideal.

¿Se ven bien los libros..? (foto: Reuters)

Me explico: en épocas inestables como la actual, tanto a izquierda como a derecha, es decir, bien los partidos que representan valores políticos liberales (con sesgos tradicionalistas o sin ellos), bien los socialdemócratas (que enarbolan como bandera la preocupación social, con sinceridad o sin ella),  suele ser tendencia la postura que aboga por limitar los derechos de manifestación y expresión públicas, ya sea la manifestación callejera, ya sea el control más o menos evidente de los medios de comunicación. En este último caso, la historia de nuestro país muestra a las claras el papel central del Estado (y, por tanto, el del partido político que ocupa el Ejecutivo) ya no sólo en la repartición de frecuencias de radio y televisión sino la intromisión más o menos sutil en su gestión.  Así, los medios afines se empeñan en propagar los mensajes de arriba abajo, desde el poder estatal (y empresarial) a la ciudadanía. Son cómplices no sólo de políticas determinadas del gobierno de turno, sino de una concepción de la sociedad que dista mucho de ser justa e igualitaria. A su vez, aquellos medios dominados por la oposición política han desempeñado un papel de acoso y hostigamiento al gobierno no siempre fundamentado en buenas razones sino en perspectivas estratégicas de asalto al poder. 

Una de las explicaciones de este estado de cosas es que los grandes medios de comunicación, al ser intensivos en cuanto a capital son inevitablemente propiedad de grandes empresarios o de enormes e, incluso, transnacionales conglomerados corporativos cuyo interés es de modo primordial el beneficio económico y la influencia política, en cuanto esta última tiene de repercusión sobre el primero. El bien público, el interés general y la democracia son conceptos ajenos a la lógica empresarial y, en demasiadas ocasiones, a la partidista. El interés económico y la búsqueda de poder son objetivos de suma importancia, en aras de los cuales casi todo lo demás es sacrificable, según marquen las circunstancias y la conveniencia.

¡Oh, el poder!¡Oh, los medios..!

A este respecto, y a modo de contrapunto, es digna de señalar la proliferación de periódicos y radios digitales. La red evita esa enorme inversión de capital, con lo que hasta cierto punto se democratiza la comunicación periodística, entendiendo este proceso como una más amplia accesibilidad de ciudadanos en general y periodistas en particular a la fundación de medios de comunicación y a la creación de plataformas de expresión no sujetas a las imposiciones empresariales o políticas. No obstante, aunque menor, la inversión resulta siempre imprescindible. Además, la potencia de ese amplificador que es el medio de comunicación en Internet resulta, por el momento, mucho menor que la de los periódicos o radios tradicionales. Por otro lado, es difícil refutar aquella afirmación que sostiene que los nuevos medios no están interesados en hacer un periodismo nuevo, sino que perpetúan los clichés y los prejuicios de los tradicionales, pero en otro formato. Lo que se gana en pluralidad, se estanca en la visión del mundo, de la política y del periodismo. Siguen siendo excipientes de las riñas inter o intrapartidos y mantienen la búsqueda de espectacularidad por encima de otras perspectivas.

Con esto no quiero decir que haya una forma de interpretar el bien común. Distintas concepciones del mundo y diferentes valores, propios de las sociedades pluralistas, hacen imposible el consenso, y menos de manera permanente. Aun como referente normativo, resulta difícil imaginar esa situación ideal del diálogo habermasiano  y todavía menos ese consenso final obtenido por la prevalencia del mejor argumento, aunque le atribuyamos esa naturaleza falible a la que alude el filósofo alemán. Más intuitiva resulta la concepción agonística de la esfera pública, a la manera explicitada, por ejemplo, por Chantal Mouffè. Sin embargo, cada uno desde sus posiciones, sí que debería ser posible que hubiese un acuerdo de principios sobre los fines: la salvaguarda del bien común mediante una suerte de consenso traslapado o entretejido sobre los medios o procedimientos para ello. En fin, de igual modo se podría argüir que el debate podría comenzar un paso más atrás: ni siquiera el marco constitucional está libre, y con razón, de la polémica, por lo que parece que en primer lugar habría que llegar a un acuerdo sobre él. Acuerdo que no debería gestarse sólo en los despachos de los partidos políticos porque, de lo contrario, obtendríamos otra versión del mismo sistema que ha demostrado su insuficiencia.

Así las cosas, parece necesario replantear en gran medida el paradigma actual de los medios de comunicación. Es posible que su reforma o su creación sobre la base de principios bien diferentes se impongan como imprescindibles para salir de la confusión política existente, invertir la tendencia de desafección ciudadana hacia las instituciones y cuestionar las prioridades económicas que, en gran medida, explican las dos primeras.